Un funcionario designado por la Justicia Federal como interventor de una cooperativa portuaria de la zona de Rosario, cuyos directivos estaban investigados por lavado de dinero, fue imputado por haber autorizado a traspasar fondos millonarios de la entidad desde el banco donde se encontraban a una mutual, algo completamente inusual para los acusadores con dinero inmovilizado por un trámite penal.
El interventor judicial señalado es Roberto Pasqualino. Si la imputación es relevante es porque, según el fiscal federal Federico Reynares Solari, fue una pieza clave en una acción de apariencia delictiva en la que participaron el juez federal Marcelo Bailaque y el financista Fernando Whpei.
Estos últimos, que ya están imputados por una maniobra, son amigos. El primero es el magistrado que autorizó el desbloqueo de los fondos inmovilizados. El segundo es el dueño del grupo financiero Unión que controla la mutual de Trabajadores, Jubilados, Pensionados y Retirados Provinciales, que recibió el dinero. Eran mil millones de pesos en el año 2020.
La Cooperativa Portuaria de Puerto San Martín, una de las más poderosas del país, fue allanada y sus directivos investigados a partir de agosto de 2019, en una causa impulsada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. Quien la manejaba era el histórico dirigente gremial de los estibadores y empresario Herme Juárez, conocido como “Vino Caliente”.
Un año después los fondos de la Cooperativa, mil millones de pesos constituidos en plazos fijos, fueron traspasados de los bancos Galicia y Macro a la mutual que controlaba Whpei por disposición de Bailaque. Como interventor de la cooperativa, Pasqualino dio su aval para que eso pasara.
Fuente: La politica online/ Hernán Lascano
