El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) notificó la instrucción de nuevos sumarios a cooperativas de distintas provincias, en el marco de un procedimiento administrativo publicado en el Boletín Oficial el 13 de agosto.
La medida alcanza a más de 2.000 entidades incluidas en el anexo del aviso oficial y forma parte de un proceso de fiscalización que el organismo viene desarrollando sobre cooperativas con incumplimientos formales, documentales o registrales.
Según la publicación oficial, los sumarios fueron ordenados por la RESFC-2024-3208-APN-DI#INAES y comprenden a las cooperativas mencionadas en el informe IF-2026-76766803-APN-CSCYM#INAES, correspondiente al expediente EX-2026-74244010-APN-DILEIJ#INAES.
El aviso indica que el procedimiento se sustancia en los términos de la Resolución INAES Nº 3098/08 y modificatoria, norma que regula el procedimiento para la aplicación de sanciones. También informa que fue designada como instructora sumariante la doctora Viviana Andrea Martínez, de la Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
Diez días para presentar descargo
La notificación emplaza a las entidades alcanzadas a presentar sus descargos y ofrecer la prueba de la que intenten valerse dentro del plazo de diez días, más los días que correspondan por razón de la distancia.
Este punto es central: el sumario abre una instancia administrativa en la que cada cooperativa puede ejercer su derecho de defensa, aportar documentación, explicar su situación y solicitar que se tenga por regularizado aquello que corresponda.
Por eso, no debe confundirse la instrucción de un sumario con una sanción definitiva. Tampoco equivale automáticamente al retiro de autorización para funcionar. Se trata de un procedimiento que puede derivar en distintas resoluciones según la situación de cada entidad, la documentación presentada y la evaluación posterior del organismo.
Qué deberían revisar las cooperativas alcanzadas
Para las entidades incluidas en el anexo, la primera tarea es verificar si efectivamente figuran en el listado oficial publicado por el Boletín Oficial. Luego, corresponde revisar el estado de la documentación institucional y contable ante el INAES.
Entre los puntos que habitualmente generan observaciones se encuentran la falta de presentación de estados contables, documentación asamblearia, renovación de autoridades, actualización de datos, domicilio electrónico y legajo institucional.
También resulta recomendable que los consejos de administración consulten de inmediato con su asesor contable o jurídico, especialmente si la cooperativa se encuentra operativa, presta servicios, desarrolla actividad económica o mantiene vínculos contractuales con organismos públicos, municipios, empresas u otras entidades.
Una medida de fuerte alcance federal
Aunque el listado debe verificarse entidad por entidad en el anexo oficial, la notificación tiene alcance nacional y comprende cooperativas de múltiples jurisdicciones. De acuerdo con relevamientos publicados sobre el anexo, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por distritos del norte argentino y otras provincias con fuerte presencia de cooperativas de trabajo, servicios, vivienda, provisión, consumo y actividades productivas.
La dimensión del procedimiento vuelve a poner en primer plano una discusión recurrente dentro del sector: cómo compatibilizar la fiscalización estatal y la regularidad documental con la realidad administrativa de muchas cooperativas pequeñas, que suelen tener dificultades para sostener al día sus presentaciones formales.
Regularizar antes de llegar a una sanción
La apertura de sumarios confirma que el INAES profundiza el control sobre entidades con trámites pendientes o situaciones registrales observadas. Para el sector cooperativo, el mensaje operativo es claro: revisar el estado institucional ya no puede postergarse.
La regularización no es sólo una exigencia formal. También incide sobre la posibilidad de acceder a programas públicos, financiamiento, contratos, beneficios, trámites bancarios y relaciones comerciales.
En ese sentido, la publicación del Boletín Oficial funciona como una advertencia para todo el universo cooperativo, incluso para entidades que no estén incluidas en este listado: mantener actualizada la documentación institucional es una condición necesaria para sostener la matrícula, la operatoria y la confianza pública.
El desafío será que el proceso no se limite a una depuración administrativa, sino que también habilite canales claros de asistencia, orientación y regularización para las cooperativas que siguen funcionando y necesitan ordenar su situación.
Fuentes consultadas
1. Boletín Oficial de la República Argentina — INAES, aviso oficial del 13 de agosto de 2026
2. INAES / Argentina.gob.ar — nómina de resoluciones y normativa institucional
3. Texto ordenado de la Resolución INAES 3098/08 — procedimiento sumarial
4. ANSOL — “Más de 2.000 cooperativas quedaron alcanzadas por nuevos sumarios del INAES”
5. Gestión Solidaria — cobertura complementaria sobre el anexo y distribución territorial
