Un municipio quiere reemplazar a una cooperativa eléctrica por EPEC: el caso que enciende una alerta en el sector

La Municipalidad de Anisacate volvió a plantear el traspaso del servicio eléctrico de la cooperativa local a la empresa provincial por las diferencias tarifarias. La entidad tiene una concesión vigente, EPEC no confirmó públicamente que vaya a asumir la prestación y el conflicto reabre una discusión de fondo en Córdoba: cuánto cuesta distribuir energía en los territorios atendidos por cooperativas y hasta dónde pueden compararse sus tarifas con las de una empresa de otra escala.

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Redacción Economía Solidaria
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Economía Solidaria es un medio especializado en cooperativismo y mutualismo, propiedad del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM).

Una audiencia pública realizada el sábado 26 de septiembre volvió a colocar a la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Anisacate en el centro de una discusión que puede exceder ampliamente los límites de esa localidad cordobesa.

La Municipalidad, encabezada por la intendenta Natalia Contini, puso en debate la posibilidad de que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) reemplace a la cooperativa como prestadora del servicio eléctrico, bajo el argumento de que ese cambio permitiría reducir el costo que afrontan los usuarios.

La audiencia fue no vinculante y, por lo tanto, no produjo ninguna modificación en la prestación. Después del encuentro, Contini ratificó su posición favorable al cambio de distribuidor y señaló que la Cooperativa dispone de 30 días para presentar una alternativa que permita reducir el costo de la energía.

El conflicto abre, sin embargo, varias preguntas que van mucho más allá de Anisacate. ¿Puede compararse directamente la tarifa de una pequeña distribuidora cooperativa con la de EPEC? ¿Quién determina realmente el precio que paga un usuario? ¿Qué ocurriría con una cooperativa que históricamente desarrolló las redes y sostiene la prestación en áreas urbanas y rurales si perdiera su principal servicio?

Y, antes que eso, ¿puede un municipio decidir por sí mismo reemplazar a una cooperativa eléctrica que posee una concesión provincial vigente?Una discusión que no comenzó ahora

La tensión entre la Municipalidad y la Cooperativa lleva más de dos años.

En agosto de 2024 se hizo público un conflicto por la deuda que mantenía el municipio con la entidad. La Cooperativa había notificado la posibilidad de suspender el suministro en dependencias administrativas municipales, aunque aclaró expresamente que no contemplaba cortar el alumbrado público, el bombeo de agua, las escuelas ni los centros de salud.

Ese mismo año ya se realizó una audiencia pública en la que aparecieron cuestionamientos municipales a las tarifas y se planteó la posibilidad de que EPEC asumiera la prestación.

Durante 2025 el enfrentamiento volvió a escalar. En junio, un corte sobre dependencias municipales fue presentado por la intendenta como un hecho de posible motivación política, mientras que el presidente de la Cooperativa, Carlos Ríos, sostuvo públicamente que la medida se vinculaba con irregularidades administrativas en la titularidad de algunos suministros.

El debate de septiembre de 2026, por lo tanto, no surge de manera aislada: constituye una nueva etapa de un conflicto institucional prolongado entre el gobierno municipal y la distribuidora cooperativa.La concesión no depende solamente del Municipio

Uno de los puntos centrales es el marco regulatorio.

La distribución eléctrica en Córdoba se encuentra sometida al régimen provincial. La Ley 8.837 establece que las cooperativas que prestan servicios eléctricos deben adecuarse al marco regulatorio y que el Poder Ejecutivo provincial es quien otorga las correspondientes concesiones o títulos habilitantes. La norma establece además mecanismos específicos ante un eventual cese de la prestación cooperativa.

Luis Castillo, presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de Córdoba (FECESCOR), sostuvo antes de la audiencia que la Cooperativa de Anisacate conserva una concesión vigente por otros 13 años.

Según su interpretación, ese vínculo sólo podría interrumpirse ante determinados incumplimientos de las condiciones del servicio o si los propios asociados resolvieran que la entidad deje de distribuir electricidad. Castillo también señaló que un eventual cese de la cooperativa no implicaría automáticamente el ingreso de EPEC y que deberían contemplarse previamente otras alternativas previstas por el régimen provincial.

Por eso, aunque el Municipio puede impulsar el debate y plantear públicamente un cambio de prestador, la audiencia realizada en Anisacate no alcanza por sí sola para transferir la concesión eléctrica.¿Por qué una cooperativa puede cobrar más que EPEC?

Este es probablemente el punto más sensible del conflicto.

Desde el Municipio se sostiene que los usuarios de la Cooperativa pagan valores superiores a los que enfrentarían si fueran abastecidos directamente por EPEC.

Pero hasta el momento no se hizo público un estudio integral que permita comparar, para usuarios equivalentes, cuánto se paga actualmente y cuánto se pagaría efectivamente bajo otro distribuidor, incluyendo categoría, consumo, impuestos, tasas y costos propios de distribución. Tampoco se difundió una aceptación formal de EPEC para asumir la prestación.

Y existe una diferencia estructural que resulta indispensable para comprender cualquier comparación tarifaria: la escala de ambos prestadores es radicalmente distinta.

Cuando Economía Solidaria reconstruyó la historia de la Cooperativa de Anisacate en 2023, su presidente, Carlos Ríos, informó que la entidad había pasado de aproximadamente 2.000 asociados a unos 8.000 socios en nueve años.

La Cooperativa, además, no atiende solamente a la ciudad de Anisacate. Su área comprende Anisacate, Valle de Anisacate, La Bolsa y Dique Chico, además de una extensa zona rural.

EPEC, en cambio, informó en su Reporte de Sostenibilidad que a diciembre de 2024 contaba con 1.191.474 puntos de suministro en toda la provincia. Las cooperativas eléctricas cordobesas, consideradas en conjunto, gestionaban otros 521.584 puntos de suministro.

Los aproximadamente 8.000 asociados informados por Anisacate y los puntos de suministro registrados por EPEC no son unidades exactamente equivalentes. Sin embargo, permiten dimensionar la diferencia de escala entre una distribuidora cooperativa local y la empresa provincial.

La consecuencia económica es sencilla de comprender: los costos que no dependen directamente de cuánta electricidad consume cada usuario deben distribuirse entre bases de usuarios enormemente diferentes.

Personal, vehículos, guardias, administración, facturación, mantenimiento, transformadores, postes, redes e inversiones deben financiarse cualquiera sea el tamaño del prestador. Cuantos menos usuarios existen para sostener esa estructura —y cuanto más extenso sea el territorio— mayor puede resultar el costo unitario de distribución.

La propia Cooperativa explica que la factura contiene distintos componentes: el transporte dentro del sistema eléctrico nacional, la energía adquirida a EPEC, impuestos y el Valor Agregado de Distribución (VAD).

El VAD remunera precisamente los costos propios de llevar efectivamente la electricidad hasta los usuarios: facturación y cobranza, pérdidas de distribución, inversiones, capital, operación y mantenimiento de las redes.

Durante la audiencia, Carlos Ríos reconoció que ese componente podría ser menor en EPEC, pero remarcó que no desaparecería con un cambio de prestador: cualquier distribuidora debe sostener vehículos, trabajadores, infraestructura, mantenimiento y operación de la red.

FECESCOR pone el acento precisamente en esa diferencia de escala.

La dimensión territorial aporta otro dato todavía más significativo. En Córdoba existen 204 cooperativas eléctricas que atienden aproximadamente el 30% de la demanda del mercado eléctrico provincial, pero prestan el servicio sobre cerca del 70% del territorio.

Es decir: una parte muy importante del sistema cooperativo debe sostener redes sobre grandes extensiones territoriales con una densidad de usuarios considerablemente menor.

Por eso, una diferencia en el precio final no demuestra por sí sola que un distribuidor sea más o menos eficiente que otro.

Una comparación técnicamente consistente debería considerar también cuántos usuarios sostienen la estructura, cuál es la extensión de la red, qué densidad presenta el área atendida, qué inversiones son necesarias y qué obligaciones de servicio enfrenta cada prestador.El antecedente de Isla Verde

Anisacate tampoco es el primer lugar de Córdoba donde aparece este problema.

En julio, Economía Solidaria informó sobre el caso de la Cooperativa de Electricidad y Promoción Regional Isla Verde, luego de que FACE difundiera los resultados de un análisis realizado por EPEC sobre la eventual asunción de localidades atendidas por la entidad.

Según informó la Federación, el estudio concluyó que tomar exclusivamente determinadas áreas urbanas no resultaba económicamente viable para EPEC y que la prestación requería incorporar también el conjunto del territorio rural atendido por la Cooperativa.

El caso expuso una de las principales asimetrías del sistema eléctrico cordobés: las cooperativas distribuyen energía en amplias extensiones territoriales y, muchas veces, con una densidad de usuarios mucho menor que la que existe en las principales zonas abastecidas por la empresa provincial.

Por eso FACE viene reclamando que la discusión tarifaria no derive simplemente en la quita de áreas de concesión, sino en mecanismos que permitan reducir las diferencias estructurales entre distribuidoras.

En agosto, además, la Federación pidió participación y transparencia en el proceso provincial de optimización territorial del sistema de distribución eléctrica, del que participan EPEC, organismos del Gobierno provincial, ERSeP, FECOSI y FECESCOR.FACE respaldó a Anisacate

Antes de la audiencia, la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad expresó públicamente su respaldo a la Cooperativa de Anisacate.

FACE reconoció como legítima la preocupación de familias y comercios por el costo de la electricidad, pero reclamó que cualquier discusión sobre la continuidad del prestador se realice con información verificable, explicitando costos, condiciones y consecuencias de las distintas alternativas.

Ese planteo resulta especialmente relevante porque evita presentar la controversia como una elección simple entre “energía cara” y “energía barata”.

Las cooperativas eléctricas cumplen en buena parte del interior argentino una función que históricamente surgió precisamente allí donde el mercado o las grandes empresas no llegaban en condiciones satisfactorias.

Anisacate constituye un ejemplo particularmente ilustrativo.

Cuando Economía Solidaria reconstruyó la historia de la entidad por su 70° aniversario, en 2023, registró que la cooperativa nació en 1953 porque la baja densidad poblacional y la extensión de las líneas necesarias dificultaban que la entonces naciente EPEC afrontara la electrificación de la zona.

Setenta años después, la discusión vuelve —paradójicamente— al mismo punto: quién debe prestar el servicio y bajo qué condiciones económicas puede sostenerse.El antecedente de la COOPI: parecido, pero no igual

El conflicto también recuerda inevitablemente lo ocurrido con la COOPI de Villa Carlos Paz, aunque existe una diferencia jurídica central.

Durante décadas la cooperativa prestó el servicio de agua potable en Carlos Paz. Después de un extenso conflicto institucional y judicial, el municipio decidió reasumir la prestación. En marzo de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó una medida cautelar presentada por la COOPI y permitió avanzar con el traspaso.

El antecedente resulta significativo para el movimiento cooperativo porque muestra que un servicio históricamente desarrollado por una entidad local puede terminar bajo otra modalidad de gestión.

Pero no constituye un precedente jurídico directo para Anisacate: en Carlos Paz se discutía el agua potable bajo un contrato y un régimen específico; en Anisacate está en juego una concesión de distribución eléctrica encuadrada en la regulación provincial del sector energético.Treinta días que pueden definir el próximo capítulo

La audiencia del 26 de septiembre no cerró el conflicto.

La Municipalidad sostiene que el traspaso a EPEC es posible y reclama una reducción de los costos. La Cooperativa reivindica la vigencia de su concesión y sostiene que cualquier comparación debe contemplar todos los componentes de la factura y los costos reales de sostener la distribución.

La intendenta dio a la entidad un plazo de 30 días para presentar una alternativa.

Eso convierte a Anisacate en un caso que merece seguimiento.

Porque detrás de una disputa local aparece una discusión mucho mayor para las cooperativas eléctricas cordobesas: cómo garantizar tarifas accesibles sin desconocer que buena parte de ellas sostiene redes sobre territorios extensos, con menor densidad de usuarios y con costos que deben distribuirse entre mercados mucho más pequeños que el de EPEC.

Los números permiten dimensionarlo: las cooperativas atienden alrededor del 30% de la demanda eléctrica cordobesa sobre aproximadamente el 70% del territorio provincial.

Y esa realidad debe formar parte de cualquier comparación que pretenda determinar cuánto cuesta realmente la energía cooperativa.

Fuentes:

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