La provincia de Buenos Aires dio un paso significativo para el reconocimiento y el fortalecimiento de las experiencias educativas de gestión social, cooperativa y comunitaria a partir de la sanción de la Ley 15.619, la cual crea un registro provincial y asigna a la autoridad educativa bonaerense nuevas funciones de acompañamiento a este tipo de entidades.
La iniciativa reconoce la especificidad de instituciones que desarrollan proyectos educativos sin fines de lucro, con una perspectiva social, comunitaria, cooperativa y solidaria, orientada a responder a las necesidades de sus estudiantes y de los territorios donde están insertas.
La federación de escuelas cooperativas, Feceaba, asociada a Cooperar, celebró la nueva normativa. “Representa un primer paso para que las experiencias de gestión social, cooperativas y comunitarias que existen en toda la provincia sean reconocidas y nombradas como tales”, señaló su presidente, Juan Giménez.
“Sabemos que una ley no transforma la realidad de un día para el otro, pero sí constituye un reconocimiento fundamental. Brinda un marco institucional y abre un espacio que estamos convencidos de haber construido colectivamente desde cada una de nuestras experiencias, contribuyendo al fortalecimiento del sistema educativo.”
Giménez agradeció la colaboración de la diputada (mandato cumplido) Lucía Lorena Klug, así como el acompañamiento de la Dirección General de Cultura y Educación y de las escuelas que hicieron posible avanzar en esta iniciativa.
“Es el comienzo de una etapa en la que esperamos seguir construyendo, junto al Estado provincial, programas y políticas públicas destinadas a fortalecer el trabajo que las escuelas de gestión social, cooperativa y comunitaria vienen desarrollando desde hace años”, auguró.
Qué dice la norma
La Ley 15.619 –promulgada en agosto- define como establecimientos educativos de gestión social, cooperativa y comunitaria a aquellos radicados en la provincia que son desarrollados por organizaciones sin fines de lucro y llevan adelante proyectos socioeducativos centrados en las necesidades de sus comunidades.
Entre los criterios establecidos se encuentran la aplicación de metodologías de trabajo adecuadas a los contextos sociales y culturales, y la implementación de modelos de gestión institucional comunitaria que promuevan la democratización de la conducción escolar y del gobierno de las instituciones.
La autoridad educativa provincial tendrá también la responsabilidad de reconocer, habilitar y supervisar estos establecimientos, así como de dictar las normas complementarias necesarias para la implementación de la ley.
Otra de las funciones previstas es el acompañamiento y fortalecimiento de las experiencias educativas, la promoción de vínculos de cooperación y asociatividad con instituciones de gestión estatal y privada, y el afianzamiento de las relaciones con organizaciones sociales, clubes de barrio y sociedades de fomento.
Asimismo, la norma contempla la producción de insumos para diseñar acciones específicas de fortalecimiento, el desarrollo de capacitaciones para educadoras y educadores, la formación de agentes públicos que acompañan y supervisan estas instituciones y la promoción del acceso a materiales e insumos pedagógicos y tecnológicos.
Desde la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) se destacó la importancia de esta nueva legislación para el conjunto del movimiento cooperativo y educativo. “Resulta un antecedente muy importante para ser considerado en otras provincias y para avanzar con la demorada regulación nacional de este tipo de escuelas, en el marco del Art. 14 de la Ley Nacional de Educación.”
Fuente: La gaceta
