La Sala A de la Cámara Federal de Rosario tomó una decisión trascendental para el destino de la Cooperativa Portuaria de Puerto General San Martín, al reconocer a sus trabajadores como legítimos querellantes de la causa penal de la que fueron excluidos y que ahora fuerza a la intervención a acelerar la normalización y llamado a elecciones.
La entidad fue intervenida en 2019 luego del encarcelamiento por sospechas de lavado de activos y estafas de Herme Juárez, quien lideró durante décadas a la poderosa cooperativa que presta serv Desde entonces, sus socios vienen reclamando a la justicia federal y a las distintas intervenciones la normalización y el llamado a elecciones de nuevas autoridades que se viene dilatando.
En el medio, sus trabajadores denunciaron desiciones de los interventores que excedían el mandato que les había fijado la justicia.
Ahora, la Sala A de Rosario reconoció a sus trabajadores socios como querellantes, algo que había sido rechazado por el juez de primera instancia Marcelo Bailaque.
Con este fallo, el tribunal incorpora a los socios al proceso penal y como tal, solicita que se continúe el incidente de recusación contra Bailaque a quien le reprochan haber desbloqueado las cuentas de la Cooperativa y habilitar transferencias millonarias a distintas entidades financieras.
Los socios también denunciaron al anterior interventor, Roberto Pascualino, por haber celebrado un contrato por 48 millones de pesos con un estudio de arquitectura para la realización de un estudio de factibilidad para la construcción de viviendas en Puerto General San Martín, para lo cual, la intervención no tenía mandato judicial y tampoco lo contempla el estatuto de la Cooperativa que administraba.
Fuente: La Política Online
