El martes 11 de agosto de 2026, representantes de COOPERAR, CONINAGRO y CONAICE participaron de un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para exponer las dificultades que enfrentan las cooperativas para acceder y renovar el Certificado MiPyME.
La reunión informativa fue convocada por las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas; de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales; y de Comercio. Participaron Carlos César Basañes, gerente de COOPERAR; Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO; Octavio Bermejo, asesor legal de esa confederación; Federico Ferrero, presidente de CONAICE; y la contadora especialista en cooperativas y mutuales Verónica San Martín, entre otros referentes.
El reclamo central fue que la normativa reconozca expresamente a las cooperativas como empresas a los efectos del régimen MiPyME, sin imponer requisitos incompatibles con su naturaleza asociativa.
Una barrera para el financiamiento
Basañes sostuvo que el problema no es la actividad económica que desarrollan las cooperativas, sino la interpretación administrativa que puede negarles el carácter de empresa por no perseguir fin de lucro.
La consecuencia es concreta: entidades que producen, invierten, generan empleo y prestan servicios en todo el país quedan en desventaja frente a otras formas empresariales al momento de tramitar o renovar el Certificado MiPyME.
Para CONINAGRO, la discusión trasciende el trámite. Magnano vinculó el certificado con la capacidad de las cooperativas para sostener producción, agregado de valor, empleo y arraigo en las localidades del interior.
Bermejo, por su parte, señaló que sin Certificado MiPyME las cooperativas pueden quedar excluidas de los avales de las sociedades de garantía recíproca, una herramienta esencial para acceder al crédito.
El impacto en las cooperativas de servicios públicos
Ferrero advirtió que la situación es especialmente crítica para las cooperativas eléctricas y de servicios públicos. Explicó que, a medida que vencen los certificados, muchas entidades encuentran obstáculos para renovarlos y que el acceso al financiamiento accesible, tanto en banca pública como privada, queda fuertemente condicionado por esa acreditación.
La dificultad no afecta solamente a las nuevas solicitudes. También puede comprometer beneficios impositivos y financieros que las cooperativas ya venían utilizando como parte de su planificación.
San Martín planteó que la situación requiere una respuesta urgente. Entre las consecuencias mencionó la pérdida de la posibilidad de diferir el IVA y la desventaja frente a otras PyMEs en materia de contribuciones patronales.
Un debate que sigue abierto
Economía Solidaria ya había analizado las trabas para obtener el Certificado MiPyME en las cooperativas. La novedad ahora es que el sector llevó el reclamo al Congreso, con la participación de sus principales confederaciones y referentes técnicos.
El plenario fue una instancia informativa: no implicó la aprobación de una ley ni una modificación inmediata de la normativa vigente. Sin embargo, dejó expuesto un problema que el cooperativismo considera incompatible con el principio de igualdad de acceso a las políticas de fomento productivo.
El desafío será avanzar hacia una regulación que reconozca la especificidad jurídica de las cooperativas sin convertir su estructura asociativa en una barrera para acceder a crédito, garantías y herramientas tributarias destinadas a las PyMEs.
Fuentes consultadas
Para la elaboración de esta nota se consultaron la comunicación de la Cámara de Diputados sobre el plenario, la cobertura de ANSOL y el antecedente de Economía Solidaria.
