Argentina se destaca por la cantidad y calidad de cooperativas, que participan de la generación del producto bruto interno. Representan una alternativa que usuarios y trabajadores han desarrollado para enfrentar la rapiña de empresas para las que el único, y principal objetivo, es el de generar la tasa de ganancia más alta que les sea posible.
En esta posibilidad, entran en juego prácticas monopólicas, para lo cual la pretendida libertad de competencia se anula por el avasallamiento de la competencia.
En los últimos días hemos sido informados por publicaciones de los diarios Tiempo argentino y Página 12 -los dos únicos medios que receptaron la noticia- que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está preparando un cambio de estrategia con las cooperativas que participan del programa “Veredas Limpias”, implementado hace unos 15 años y que involucra a más de 2.500 cooperativistas, por el que realizan el mantenimiento y la desinfección de espacios públicos de la Ciudad.
El plan es que los cooperativistas se desvinculen de sus organizaciones, al tiempo que ingresarían en un sistema de “entes ejecutores”; este cambio implicaría que pasarían de un régimen formal de trabajo a otro con características de un plan social, relegando a las cooperativas a acciones de capacitación; claramente, la intención es la de debilitar a las organizaciones con el propósito de precarizar el trabajo.
El neoliberalismo es como el tero: declama la necesidad e importancia del trabajo formal, en las campañas partidarias postula la creación de empleo, y luego, en los hechos, no hace más que cumplir con su esencia: habilitar negocios para empresas de lucro, al tiempo que procura eliminar derechos, frenar los procesos de inclusión social, y trasladar a los propios trabajadores cargas que históricamente han sido absorbidas por el empleador (sea privado o gubernamental, como en este caso). Precisamente, en este plan maquiavélico se trasladarían costos de maquinarias e insumos, a las propias cooperativas, ya menguadas en su capacidad de gestión. O sea: por un lado separa a los cooperativistas de sus organizaciones, y por el otro, les exigiría a las cooperativas que asuman los gastos mencionados. No resiste análisis.
Todo este proceso es parte de un plan de fondo, que es el de anular gradualmente derechos de los trabajadores en general, para sumirlos en un estado de mera supervivencia, en tanto se incrementa a niveles altísimos la rentabilidad empresarial, y se profundiza la brecha que separa a los trabajadores de los empresarios que lucran con las actividades, necesarias para el funcionamiento de toda sociedad.
