En la primera semana de agosto me tocó presidir la Jornada de la Asociación Médica Argentina: Estrategias Innovadoras de Gestión de Alto Costo en el Modelo Sanitario Actual. Dos días después, me tocó el mismo cargo, en el XXII Congreso Internacional de la Sociedad Argentina de Cancerología, donde tuvimos como temas centrales un Módulo sobre Economía y Gestión, y una mesa redonda sobre “Como optimizar el acceso al sistema de salud frente a la diversidad de necesidades insatisfechas y la innovación tecnológica”. Esta última estuvo referida al acceso a las nuevas terapéuticas, un problema candente que abarca todo el sistema sanitario local y mundial, debido a que la ciencia avanza más rápido que los recursos para emplearla. Dicha temática se repite cada vez con más frecuencia en las reuniones médicas de prácticamente todas las especialidades, volviéndose uno de los grandes debates sanitarios de nuestro tiempo.
Los nuevos medicamentos pueden cambiar el destino de personas que antes tenían pocas o ninguna alternativa. Pero algunos tratamientos alcanzan precios que obligan a preguntarnos, insólitamente, cuánto puede pagar una sociedad por prolongar o mejorar una vida, planteamiento ético cada vez más frecuente. El dilema que vemos a diario, y nos angustia a los médicos, involucra a todos los profesionales de la salud, a los gobiernos, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, la industria farmacéutica y, sobre todo, a los ciudadanos. En nuestro país, la discusión adquiere una dimensión particular por la fragmentación del sistema sanitario. Conviven allí el sector público con las múltiples obras sociales, PAMI, las empresas de medicina prepaga y otros mecanismos de cobertura. Esta estructura convierte una innovación médica en una carrera desigual por conseguir quién la financie. Para un paciente y su familia, una enfermedad grave nunca es solamente un problema sanitario: se transforma también en un problema económico, laboral y emocional.
El concepto de medicamento de alto costo suele asociarse a enfermedades poco frecuentes: cáncer, causas genéticas y tratamientos biológicos complejos. Sin embargo, el universo se está ampliando. Las terapias dirigidas, las génicas, los anticuerpos monoclonales y determinados tratamientos personalizados que pueden alcanzar costos extraordinarios han ampliado su espectro a otras afecciones, y su uso es cada vez más frecuente. En simultáneao, aparecen medicamentos para enfermedades muy frecuentes que también tienen precios elevados. Los nuevos tratamientos contra la obesidad son un ejemplo de esta transformación. El problema, entonces, no es solamente cuánto cuesta un medicamento, sino cuánto cuesta para quién y cuánto beneficio produce.
Un tratamiento que prolonga significativamente la vida puede tener un enorme valor para una persona, pero si debe administrarse a miles de pacientes, su impacto acumulado puede comprometer una parte importante del presupuesto sanitario. Entonces, ¿cómo manejar esta situación? La tendencia actual pasa por establecer prioridades, sin que esto signifique decidir quién merece vivir, sino cómo utilizar recursos que, por definición, son limitados. Los sistemas sanitarios modernos necesitan reglas transparentes para decidir. Las mismas deben considerar la eficacia real de cada tratamiento, su seguridad, la calidad de la evidencia científica y la magnitud del beneficio obtenido. No es lo mismo prolongar la vida algunos días que agregar años con buena calidad. En muchos países, organismos especializados analizan cuánto beneficio aporta un tratamiento en relación con su costo. Estas evaluaciones pueden ayudar a evitar decisiones arbitrarias. También permiten negociar mejores precios con los fabricantes.
Argentina enfrenta aquí un desafío adicional: la compra fragmentada reduce el poder de negociación, ya que cada sector público, obras sociales y empresas de medicina prepaga hacen la suya, dificultando la capacidad de negociación. Una mayor coordinación podría permitir obtener mejores condiciones de compra y, además, favorecer acuerdos de riesgo compartido, donde la industria debe resarcir gastos, si el fármaco en cuestión no produce la respuesta esperada. Es una forma de trasladar parte de la incertidumbre desde el paciente hacia quienes desarrollan y comercializan la innovación.
Decir que los recursos son limitados no puede convertirse en una excusa para negar tratamientos eficaces. Pero tampoco se puede prometer que toda innovación estará disponible a cualquier precio y en cualquier circunstancia. La pregunta más difícil no es cuánto vale una vida, sino cómo organizar una sociedad para que el valor de cada vida sea respetado sin destruir la capacidad del sistema de cuidar a todos. Financiar medicina de alto costo es una decisión ética además de económica. Requiere escuchar a pacientes y médicos, pero también incorporar a economistas, juristas, gestores, científicos y representantes de la sociedad. El objetivo debería ser construir un pacto sanitario: innovar, negociar, evaluar y priorizar sin abandonar a quienes más necesitan de la medicina.
El verdadero progreso no solo pasa por descubrir tratamientos cada vez más extraordinarios, sino que esos avances lleguen a las personas que pueden beneficiarse de ellos, de una manera justa, sostenible y transparente.
