Santa Fe abre las compras públicas a las cooperativas: cómo funciona un mecanismo que reserva contrataciones para el sector

La provincia cuenta con un régimen que permite realizar procedimientos de selección exclusivamente entre cooperativas de trabajo para ejecutar obras, prestar servicios y proveer bienes al Estado. El Ministerio de Salud viene utilizando el mecanismo para refaccionar hospitales y centros de atención primaria. Una nueva convocatoria de 2026 vuelve a poner en primer plano una herramienta que combina contratación pública, generación de trabajo y fortalecimiento de la economía cooperativa.

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Redacción Economía Solidaria
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Una licitación publicada por el Gobierno de Santa Fe puede pasar fácilmente inadvertida entre las miles de contrataciones que realiza cada año la administración provincial. Pero su denominación contiene una particularidad poco habitual: “Concurso de Precios para Cooperativas Nº 01/2026”.

El Ministerio de Salud convocó exclusivamente a cooperativas para ejecutar el pavimento del estacionamiento de choferes ubicado en 1º de Mayo 2064, en la ciudad de Santa Fe. El presupuesto oficial asciende a $18.262.000, la visita de obra fue fijada para el 15 de septiembre y la apertura de ofertas será el 22 de septiembre.

Detrás de esa contratación relativamente pequeña aparece una política pública mucho más amplia: Santa Fe desarrolló un régimen que permite al Estado generar mercados específicos para cooperativas de trabajo y utilizar parte de sus compras y obras públicas como instrumento de promoción de la economía cooperativa.

No se trata de una excepción administrativa improvisada para una obra determinada. Existe normativa, un registro de proveedores cooperativos y antecedentes de concursos reservados al sector que vienen aplicándose desde hace años.

Un mecanismo que comenzó antes de la ley actual

Uno de los antecedentes centrales es el Decreto 4555/2016, que autorizó expresamente a jurisdicciones, organismos descentralizados, empresas, sociedades y otros entes públicos provinciales a realizar procedimientos de selección exclusivamente entre cooperativas de trabajo comprendidas en el régimen provincial de promoción de emprendimientos productivos sociales.

La norma estableció que cada organismo debía justificar la conveniencia de utilizar ese procedimiento y exigió que las cooperativas participantes estuvieran inscriptas en el registro correspondiente.

El propio decreto explicaba la lógica de la medida: reconocía a las cooperativas de trabajo como una forma empresarial diferente de la empresa capitalista convencional y planteaba la contratación pública como herramienta para favorecer la formalización del trabajo, la inclusión económica y el desarrollo local.

La provincia mantiene un Registro de Cooperativas de Trabajo dentro del sistema de licitadores de obras públicas. El sitio oficial señala que el programa está destinado a incorporar cooperativas a tareas de reparación, ampliación, remodelación y refuncionalización de edificios públicos.

Es decir: las cooperativas no reciben simplemente un subsidio. Compiten entre ellas por contratos del Estado para realizar trabajos concretos.

La Ley 14.200 buscó darle mayor escala

En 2023 Santa Fe avanzó con la Ley Provincial 14.200, orientada al fomento de la contratación pública de cooperativas de trabajo, uniones transitorias y federaciones de cooperativas.

La norma incorporó la contratación cooperativa a una política más amplia de obras, provisión de bienes y prestación de servicios y la articuló con las leyes provinciales de Obras Públicas Nº 5.188 y de Administración, Eficiencia y Control del Estado Nº 12.510.

El texto sancionado por la Legislatura había establecido una participación mínima del 10% del presupuesto anual destinado a obra pública y adquisición de bienes y servicios, con implementación progresiva.

Sin embargo, ese punto requiere una precisión importante. Al promulgar la norma, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 1046/2023, aplicó un veto parcial y propuso modificaciones a buena parte del articulado. En particular, planteó que la participación del 10% se computara sobre aquellas contrataciones que, por sus características, pudieran efectivamente ser desarrolladas por cooperativas de trabajo legalmente constituidas e inscriptas y contempló una implementación progresiva, comenzando con un piso del 3% para 2024.

Por eso, no conviene interpretar el régimen simplemente como una reserva automática del 10% de todas las compras del Estado. Es más preciso hablar de un régimen de participación preferencial de las cooperativas de trabajo dentro del mercado de contrataciones públicas, sujeto al tipo de obra, bien o servicio que puedan brindar.

Concursos donde compiten cooperativas contra cooperativas

Uno de los aspectos más interesantes es que determinados procedimientos pueden realizarse exclusivamente entre cooperativas de trabajo, sin obligarlas a competir financieramente con grandes constructoras o proveedores tradicionales.

Esto no elimina la competencia: la traslada al interior del universo cooperativo. Varias entidades presentan presupuestos, antecedentes y propuestas para una misma obra y el Estado selecciona entre ellas.

Un caso ocurrido en el Centro de Atención Primaria de la Salud de barrio Acería, en la ciudad de Santa Fe, permite observar el mecanismo funcionando. Para esa obra se presentaron cinco cooperativas: Santa Fe Sustentable, La Primera, Los Amigos, Ala Limitada y Protagonista, con ofertas que fueron desde $9,31 millones hasta $12,65 millones, según información oficial provincial.

No fue, por lo tanto, una adjudicación directa a una entidad determinada, sino un procedimiento competitivo reservado a organizaciones cooperativas.

Salud convirtió el sistema en una herramienta de mantenimiento de infraestructura

La revisión de contrataciones oficiales muestra que el Ministerio de Salud es uno de los organismos que más visiblemente viene utilizando el instrumento.

Durante 2024 aparecen concursos destinados, entre otros trabajos, al reacondicionamiento del CAPS de barrio Acería; remodelación del ingreso del Policlínico Centenario de Santa Fe; impermeabilizaciones en el SAMCo de Recreo; trabajos en el Centro de Salud Villa Manuelita de Rosario; instalación de bombeo de agua en el Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez; instalaciones eléctricas en Luis Palacios; y reparaciones en el Hospital General San Martín de Firmat.

En 2025 la modalidad continuó. Entre las convocatorias oficiales figuran obras en los centros de salud de Juventud Unida del Norte, San José, Varadero Sarsotti y Coronel Dorrego, además de trabajos en el Hospital de Rehabilitación Vera Candioti.

Solamente tres concursos abiertos en marzo de 2025 para centros de atención primaria de la capital provincial representaban en conjunto más de $35 millones de inversión, según informó el Gobierno santafesino.

La nueva convocatoria de 2026

El concurso actualmente abierto tiene como objetivo pavimentar el estacionamiento utilizado por choferes del Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe. El expediente es el 00501-0215740-9 y el presupuesto vigente asciende a $18.262.000.

El mismo expediente había tenido una convocatoria previa para apertura el 20 de julio de 2026, entonces con un presupuesto oficial de $9.867.381. La información pública consultada no permite determinar con seguridad el motivo de la diferencia —actualización del proyecto, cantidades, revisión presupuestaria u otra circunstancia—, por lo que no corresponde inferirlo sin explicación oficial.

Sí confirma que en 2026 el Estado provincial continúa utilizando formalmente la categoría “Concurso de Precios para Cooperativas”.

Compra pública como política de desarrollo

El aspecto más significativo probablemente no esté en ninguna obra particular. La compra pública representa una enorme demanda de bienes y servicios. Cuando parte de esa demanda se orienta hacia cooperativas, el Estado deja de utilizar solamente subsidios, créditos o programas de asistencia como herramientas de promoción y comienza a actuar también como cliente de las empresas cooperativas.

Una cooperativa que accede a un contrato público debe presupuestar, competir, organizar recursos humanos, adquirir materiales, cumplir plazos y responder técnicamente por el trabajo realizado.

El instrumento puede funcionar entonces en dos direcciones: resolver una necesidad estatal y, simultáneamente, generar escala, antecedentes comerciales y capacidades empresariales dentro de las cooperativas de trabajo.

La normativa santafesina contempla además instrumentos destinados a reducir barreras financieras, entre ellos la posibilidad de anticipos financieros de hasta el 30% del contrato, incluso para adquisición de materiales, de acuerdo con el régimen normativo correspondiente.

Esto es particularmente relevante para cooperativas capaces de ejecutar una obra pero sin capital de trabajo suficiente para adelantar materiales, salarios y otros costos hasta recibir los primeros pagos.

Una política cuyo alcance todavía necesita medirse

La existencia del mecanismo está documentada y también su aplicación concreta. Lo que resulta más difícil de conocer con la información pública disponible es su verdadera escala económica.

¿Cuántos contratos fueron efectivamente adjudicados a cooperativas durante 2024, 2025 y 2026? ¿Qué monto total representan? ¿Cuántas cooperativas participaron? ¿Cuántas se convirtieron en proveedoras recurrentes del Estado? ¿Qué porcentaje de las compras y obras susceptibles de ser ejecutadas por cooperativas está llegando efectivamente al sector?

Estas preguntas permiten distinguir entre la existencia formal de una política y su impacto económico real.

La Ley 14.200 previó mecanismos de seguimiento e información sobre contrataciones cooperativas. Reconstruir esos datos permitiría saber si Santa Fe está desarrollando un verdadero mercado público cooperativo o si la herramienta permanece concentrada en determinados organismos y obras de menor escala.

Lo que ya muestran los antecedentes del Ministerio de Salud es una experiencia concreta: desde reparaciones de techos y centros de salud hasta instalaciones eléctricas, sistemas de bombeo y pavimentación, cooperativas de trabajo vienen compitiendo para convertirse en proveedoras de infraestructura pública provincial.

El desafío siguiente es medir cuánto representa el mecanismo dentro de las compras del Estado y hasta dónde puede crecer.

Porque detrás de una convocatoria de $18 millones aparece una discusión bastante mayor: si el poder de compra estatal puede convertirse en una herramienta permanente de desarrollo empresarial para el cooperativismo.

Fuentes:

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