Más de una decena de expertos participaron en esta iniciativa impulsada por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), que celebró en días pasados el I Foro de Economía Social de Canarias. El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria acogió este evento, donde se abordaron, entre otros aspectos, los retos para que la economía social en Canarias se consolide como una opción económica real para el desarrollo de las islas. Entre las conclusiones, los intervinientes destacaron que este modelo económico es clave para un desarrollo sostenible, inclusivo y centrado en las personas, resaltando el papel fundamental tanto del tejido empresarial como de las administraciones públicas para su consolidación y expansión.
La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, destacó durante su intervención los proyectos que el Servicio Canario de Empleo (SCE) ha puesto en marcha durante 2024 para la creación y modernización de estas entidades de economía social, programas dotados con más de dos millones de euros. Además, subrayó la importancia de mantener un canal de diálogo constante y una colaboración activa con todo el sector.
León hizo referencia también al proceso de información pública del proyecto de Decreto del distintivo canario para la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad, y animó a todo el sector a realizar sus aportaciones. “La finalidad del distintivo es fomentar la implantación de buenas prácticas que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y refuercen el impacto positivo de la economía social y sostenible en Canarias”, indicó.
Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, definió este concepto como “un modelo empresarial con enfoque en las personas y el fin social por encima del capital”, y que está presente en los sectores económicos de todos los tamaños. Las distingue una gestión democrática y participativa; empleo estable, igualdad salarial, cohesión social y desarrollo sostenible; y no se deslocalizan, están arraigadas al territorio. En España existen 46.300 entidades de este tipo, que generan 2,18 millones de empleos y 190.000 millones de euros en facturación, lo que representa el 10% de PIB español.
Además, es un empleo comprometido, inclusivo, que tiene en cuenta la sostenibilidad ambiental, el acceso a la vivienda, la educación, la salud, la transformación del modelo energético, los cuidados o la economía circular. Pedreño señaló que España es pionera en legislación sobre esta modalidad económica, con legislación propia y políticas públicas de apoyo. Este hecho está reconocido por la Unión Europea, las Naciones Unidas o la OCDE.
La jefa de Sección de Registro de Cooperativas y Sociedades Laborales del Servicio Canario de Empleo, María Francisca Díaz, calificó la economía social como “instrumento para garantizar derechos y servicios del Estado del bienestar: educación, sanidad, vivienda, medioambiente, trabajo, igualdad o pensiones”.
La experta María del Pino Domínguez abordó los instrumentos jurídicos para impulsar la economía social. Una parte importante de sus investigaciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) están enfocadas en las formas jurídicas propias de la economía social. En su intervención trató la implementación práctica de herramientas legales para fortalecer la economía social en Canarias. Cabrera ha realizado análisis de las cooperativas de viviendas colaborativas, reguladas en la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias (2024), y sobre la promoción de la economía social en estas cooperativas.
Durante la conferencia, repasó los mecanismos jurídicos disponibles —desde la creación de entidades cooperativas hasta las ventajas fiscales y los contratos públicos reservados— y propuso mejoras concretas para optimizar su eficacia, con especial atención a la vivienda colaborativa y al empoderamiento de entidades sociales en el contexto autonómico.
El primer conversatorio contó con expertos universitarios autorizados en este ámbito. Inmaculada Galván (ULPGC) y Cándido Román (ULL) son los autores del Libro blanco de la economía social de Canarias (ULL, 2024), el primer diagnóstico en profundidad del sector de economía social en Canarias, con el que se busca dotar a las administraciones (local, insular, regional) de una herramienta fiable para identificar, visibilizar y fortalecer estas entidades.
Fuente: digitalfarocanarias
