Representantes de distintas cooperativas del país expusieron el martes ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG’s, donde afirmaron que el sector atraviesa una crisis y plantearon una serie de pedidos ante legisladores.
Cristian Horton, de la Cooperativa de Trabajo 7 de Mayo (Villa Constitución, Santa Fe), aseguró que “hay una crisis que está afectando fuertemente al sector cooperativo” y “la provincia de Santa Fe está golpeada” particularmente por la situación que atraviesan “empresas siderúrgicas, metalmecánicas, metalúrgicas, afectadas por una política que no está mirando a la industria”.
“La cooperativa trata solidariamente de no despedir. Pero nuestra zona, altamente industrial, es una de las zonas donde más desocupación se está notando”, advirtió.
Por su parte, Jorge Alfonso Busquet, de la cooperativa eléctrica de Villa Gesell, detalló el conflicto judicial que mantienen con CAMMESA desde 2018. Además, observó que “en el último tiempo hay una suerte de cuestionamiento o ataque a la figura de la eficiencia del cooperativismo”. “Hay un problema que debe ser atendido, que es el de la recomposición de la tarifa eléctrica”, señaló.
También por esta entidad, Fernando Villaverde resaltó que “hay una actividad del Estado que es indelegable; del servicio público que abarca a las mutuales y cooperativas, la titularidad la mantiene el Estado siempre, bajo cualquier régimen, en la Alemania liberal, en la Francia liberal o dentro de los regímenes más estatistas”.
“CAMMESA se presenta como una sociedad anónima y otras veces como el Estado mismo, siempre para sacar beneficios, cuando es una simple ejecutora de procedimientos”, denunció.
Roberto Casal, de la Federación de Subdistribuidores de Gas de la República Argentina (Fesubgas), sostuvo que “es muy difícil en una situación de crisis como la actual poder brindar los servicios siendo que la ecuación económica-financiera no cierra”.
El expositor alertó que el subsidio contemplado a través de un fondo fiduciario creado por la Ley de Zonas Frías “en este último período no se está reintegrando conforme a lo que marca la ley”.
“Nosotros históricamente en todos los gobiernos, independientemente del signo político, siempre hemos tenido contacto con los organismos que deciden: Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, ENARGAS. En este no. Pedimos teléfonos, llamamos; pedimos mail, enviamos mail, pero no hemos tenido suerte”, reveló y abogó por la ayuda de los diputados para “encontrar un camino de solución y que nos respondan”.
En tanto, Ricardo García, de la Cooperativa Federada Mansilla, criticó las medidas tomadas contra la agricultura familiar: “Si se atacan todas las políticas referidas a la agricultura familiar, se ataca el precio de la comida de los argentinos”.
A su vez, subrayó que necesitan que “se revierta el decreto respecto del INTA”. “No me parece que haya opciones para ese decreto, esto hay que pararlo aquí. Si no se cae el decreto, el INTA para volver a tener desarrollo no va a tener más tierras, no va a tener más edificios, no va a tener más agencias de extensión”, observó.
Mientras que la alemana Sibylle Reichert dijo que “ver cómo funciona el mutualismo en los países es muy importante y también ver cómo la solidaridad está implementada”.
Fuente: https://www.parlamentario.com
