La fecha del 199 aniversario de la independencia de los países de la otrora Capitanía General de Guatemala, a saber, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y Guatemala, coincide con la celebración del Día Internacional de la Democracia que fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas.
Entre este grupo de países se encuentra Costa Rica, Estado que representa la Democracia más antigua de América Latina y figura como la 21 más antigua del mundo.
A partir del año 2008 cada 15 de septiembre se festeja el Día Internacional de la Democracia, para la promoción y protección de este sistema político y forma de gobierno, momento propicio para reflexionar sobre la situación y los avances de la Democracia.
Dos palabras griegas componen el concepto de democracia: “demos” que significa pueblo y “kratos” que significa gobierno, es decir, Democracia es el “gobierno del pueblo”. Una definición simple y concreta, pero muy alejada de lo que se expresa en la realidad.
Resulta evidente observar que la práctica de la Democracia es tan diversa, variable, cambiante, y difusa, tanto como los modelos de democracia que dicen “privilegiar” diferentes gobiernos de la región latinoamericana.
Pareciera que la cuestionada y deficitaria gobernabilidad dentro del ejercicio de la democracia en muchos países de América Latina, da muestras evidentes de no representar buenas “escuelas de Democracia”.
Existe un desencanto generalizado con las formas tradicionales de gobernar, así como con el ejercicio de la acción política. La ciudadanía da cuentas de grandes insatisfacciones con respecto a la forma de gobernar de las diferentes democracias de la región.
El Segundo Informe sobre Democracia en América Latina, titulado “Nuestra Democracia”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA), analizó las democracias de América Latina y señalo que la región atraviesa el período más prolongado de regímenes democráticos y designación de autoridades mediante elecciones, sin embargo, también se advierte la frustración ciudadana ante la enorme desigualdad de riqueza y el poder, una débil participación popular en los asuntos públicos, persistente corrupción pública y privada, creciente inseguridad ciudadana y erosión del Estado de Derecho.
Ante el “retroceso de la democracia” manifestado en varios países de la región, se debe poner especial atención en la concentración de la riqueza, la exclusión, y desigualdad social, así como falta de democratización para el diálogo y el debate público, económico y social.
Ahora bien, en la mayoría de los países latinoamericanos se arrastra un rezago significativo en la calidad de las democracias, así como una crisis sistémica de factores políticos, económicos, financieros, sociales, culturales, ambientales y morales; situación que se ha incrementado con la crisis sanitaria derivada del impacto del SARS -CoV-2 a causa del COVID-19.
Esta nueva condición pone a prueba la capacidad política, estratégica y funcional de los representantes de la sociedad política, como depositarios temporales de la confianza de los ciudadanos, para ejercer la gestión de gobierno, respetar y fortalecer los cimientos de la Democracia.
El Secretario General de las Naciones Unidas – Antonio Guterres señala en alusión a la Democracia: “La democracia es crucial para asegurar el libre flujo de la información, la participación en la toma de decisiones y rendición de cuentas. Los Estados tienen que respetar y proteger, entre otros derechos, la libertad de expresión y de prensa, la libertad de información y la libertad de asociación y de reunión, dentro de la situación actual de pandemia”.
Todas aquellas acciones tendientes al control de la circulación de información, reprimir la libertad de expresión y la libertad de prensa en un contexto donde ya se está reduciendo el espacio cívico, así como el aplazamiento de las elecciones, plantean graves problemas a la Democracia y a la confianza en el modelo democrático.
El Día Internacional de la Democracia es una oportunidad para recordar que la democracia se debe centrar en el bienestar de las personas. La supremacía del interés general por encima de los intereses particulares debe ser parte de la agenda pública para el desarrollo.
La evolución de la democracia es tanto un proceso como un objetivo, y solo con la participación y el apoyo plenos de los gobiernos, sector público, privado y la sociedad civil, y la ciudadanía en general, el ideal de la democracia podrá convertirse en una realidad.
Los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en instrumentos de Derechos Humanos posteriores que abarcan los derechos de los grupos (por ejemplo, los pueblos indígenas, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, mujeres) son igualmente esenciales para el fortalecimiento de la democracia.
Centroamérica se encuentra en la celebración del año previo al Bicentenario de vida independiente, condición que debe llevar a revisar, reafirmar y fortalecer las bases de nuestra democracia, reforzando el debate, el diálogo político y social entre los diferentes actores públicos, privados y sociales, con el objetivo de identificar de manera conjunta, el modelo a seguir para el fortalecimiento de los principios de la democracia.
Es fundamental que la institucionalidad política tenga la capacidad para adaptarse en este nuevo y complejo escenario, dando respuestas a las demandas de una ciudadanía, más movilizada, empoderada y exigente, que no consciente la discreta capacidad del Estado y los gobiernos de turno.
Pretender fomentar una sociedad moderna, solidaria, civilista, con equidad y justicia social, presupone la existencia de prácticas sociales apegadas a valores que reconozcan la ideología del interés general por encima de los intereses individualistas egoístas de grupos corporativizados.
Para lograr buenos resultados en la gestión política y en la gestión pública se requieren gobernantes y funcionarios que posean valores y conductas íntegras, quienes en su condición de depositarios temporales del poder, deban privilegiar la ética pública, la efectividad y transparencia en su gestión.
Se deben controlar las prácticas mercantiles que han penetrado la gestión de lo público y que propician altos niveles de corrupción, mediante el usufructo y negociación personal con los bienes públicos.
La ética y la moral aplicada a la función pública implica el servicio eficiente a la ciudadanía, además de contar con mecanismos de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un elemento clave para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración, sus instituciones y en la Democracia.
Existe el desafío de mantener y mejorar el capital público acumulado en la evolución de la Democracia, lo cual obliga, a repensar el liderazgo político que promueva la confianza en la ciudadanía, así como en las instituciones de Estado y la funcionalidad de la Democracia, para que apuntale las bases para el bienestar social.
Los actores de las organizaciones de sociedad civil representamos las organizaciones más cercanas a la gente, no solo identificamos y convivimos con los problemas, sino hemos planteado soluciones a una gran diversidad de situaciones en diferentes territorios de nuestro contexto, problemas de carácter social, económico y ambiental son parte de la agenda obligada de la sociedad civil.
Las organizaciones de sociedad civil constituyen uno de los pocos instrumentos con que cuenta la Democracia en América Latina y El Caribe, para paliar los efectos de la pobreza, promover mecanismos de distribución de la riqueza y equidad social.
Estamos en una nueva etapa donde es necesario que el Estado renueve su propia institucionalidad para poder servir mejor al desarrollo; en las ideas del filósofo Francés Jean Paul Sartre: “La Democracia tiene responsabilidades profundas con aquellos que habilitan en ella y su mayor responsabilidad por supuesto es, la educación, la distribución del ingreso, que nadie pase hambre, que nadie sea un analfabeto y posibilidades de trabajo para todos…Si la Democracia no puede dar esto, algo está fallando”.
La sociedad civil de América Latina y el Caribe por derecho propio, ha demostrado que puede y debe ser un actor fundamental en el diálogo político con el sector institucional, en la formulación e implementación de políticas públicas, en la construcción conjunta de soluciones, en procura de aportar y fortalecer la gobernabilidad democrática.
