Desde los filósofos griegos para acá, la discusión sobre qué es la libertad permaneció constante, mientras que las posiciones individuales en torno a su significado dependen de múltiples factores: culturales, ideológicos, religiosos, y hasta éticos y morales.
En este presente que vivimos, signado por una pandemia que no hubiéramos imaginado en los primeros meses de 2019, el carácter polisémico del término cobró una importancia inusitada, hasta confluir en dos grandes posiciones: la de quienes consideran que su derecho a la libertad es absoluto, y la de quienes sostienen que el ejercicio de la libertad está condicionado por la vida en comunidad, y que por lo tanto hay límites.
Entre otras definiciones del diccionario de la Real Academia Española, encontramos: “Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”. Y también: “En los sistemas democráticos, derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas”.
La primera, destaca la responsabilidad de los actos que las personas realizan, y la segunda, la libertad como un derecho. Aquí es donde hacemos una reflexión.
El COVID 19 nos puso a prueba como personas y como comunidad. En tanto individuos, cada quien debió preocuparse por su estado de salud, considerando de manera especial la capacidad de contagio del virus, trasmitido de persona a persona. De allí las medidas sanitarias: uso de tapabocas, restricción de reuniones grupales, aislamientos preventivos, etc. Y luego, con la disponibilidad de vacunas, la convocatoria pública para iniciar el proceso de vacunación.
La singularidad de la época fue que grupos considerables de personas se manifestaron contrarios a la inoculación de la vacuna, cualquiera fuera su procedencia, apelando a ese derecho democrático de hacer valer su negativa por considerar que se afectaba su libertad.
Situaciones de rechazo se produjeron y continúan produciéndose en muchos lugares del mundo, también en nuestro país. Aunque nunca se impuso la obligatoriedad -pese a que la vacunación masiva asegura, en términos moderados, la inmunidad comunitaria- los estados nacionales realizaron campañas para convencer a los díscolos, sin lograr grandes resultados.
La prueba de este momento, la más fehaciente, es estadística: más del 70% de las internaciones son de personas que no se vacunaron. Lo que demuestra que el mayor problema no son las mutaciones del virus, sino el rechazo a inmunizarse.
No quisiéramos un 2022 más parecido a 2020 que al 2021, en el que se abrieron muchas esperanzas para frenar el virus, pero si no logramos convencer o condicionar razonablemente a los que rechazan la vacunación, sin otro motivo que su obcecación, seguiremos viviendo esta pesadilla.
