Analizar una circunstancia antes de que se convierta en un hecho concreto supone una anticipación a sus efectos; si no se materializa, al menos ese análisis podría constituirse en un antecedente frente a una situación similar futura.
Es, tal vez, el caso del proyecto de ley que presentó en abril de este año la Diputada Nacional Soledad Carrizo (UCR-Córdoba), para reformar dos artículos de la Ley de Mutualidades 20.321: el 6° y el 23°. El proyecto puede leerse en https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/1634-D-2025.pdf
Ignoramos si esta presentación prosperará en ambas cámaras del Congreso Nacional, pero de todos modos nos permite reflexionar sobre lo sustancial, que es una imposición normativa sobre una cuestión que requiere, antes bien, una acción persuasiva. ¿Por qué? Porque la igualdad de géneros está altamente naturalizada en las entidades mutuales, y fomentada permanentemente tanto por la CONAM- Confederación Nacional de Mutualidades, como la CAM – Confederación Argentina de Mutualidades.
La Diputada Carrizo presenta en sus fundamentos estadísticas del INAES – Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que señalan una baja participación femenina en los cargos directivos y gerenciales: son datos irrefutables provenientes del Re empadronamiento Nacional y Censo Económico Sectorial de Cooperativas y Mutuales 2008. Y asegura que: “…han permanecido (las mujeres) excluidas de las esferas de decisión, o incluso reducidas al estatus de menores, incluso por los representantes varones de este movimiento, que no reconocen el carácter protagonista de las mujeres en estas nuevas formas de organización”.
Por un lado, las estadísticas; por el otro, una aseveración que obra como fundamento, sin base en hechos verificables, como podrían ser encuestas entre las mujeres que sí ocupan cargos directivos y gerenciales: entonces sí, estaríamos entre los primeros en combatir desde nuestras publicaciones el machismo en las mutuales. Se trata, además, de evitar las modificaciones estatutarias para -tal vez- complicar el armado de los consejos directivos y los órganos fiscalizadores.
¿Y las cooperativas? Según la Diputada Carrizo hubo recomendaciones y observaciones provenientes de COOPERAR, CONINAGRO, la ACI – Alianza Cooperativa Internacional y la OIT – Organización Internacional del Trabajo; sin embargo, la imposición que promueve solo está dirigida a las mutuales, y no a las cooperativas.
Esta asimetría no está explicada en los fundamentos. Incluso, hay una mención a la “…imposibilidad de la entidad cooperativa de cumplir…” ¿Hablamos de mutuales o de cooperativas?
Claro que para la Diputada Carrizo no todas las mujeres merecen el mismo respeto, por ejemplo, las jubiladas, que, con su voto a favor del mantenimiento del veto presidencial al reajuste jubilatorio, desconoce el derecho a una vida digna para la mayoría, al menos. Incoherente, como mínimo.
