Chubut refinanció $1.400 millones de deudas con mutuales y cooperativas y busca limitar los descuentos salariales

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Redacción Economía Solidaria
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Más de 400 trabajadores públicos ya trasladaron sus deudas al Banco del Chubut mediante el programa provincial de alivio financiero. En paralelo, el Ejecutivo impulsa una ley que limitaría al 25% del salario bruto los descuentos por créditos y establecería topes a las tasas aplicadas por mutuales y cooperativas

El Gobierno de Chubut avanza con una reestructuración profunda del sistema de créditos y descuentos sobre los salarios de los empleados públicos provinciales.

Según informó el coordinador de Gabinete, Andrés Arbeletche, más de 400 personas ya refinanciaron deudas contraídas con mutuales y cooperativas por aproximadamente $1.400 millones, mediante un mecanismo que permite trasladar esas obligaciones al Banco del Chubut y concentrarlas en un único crédito.

El dato actualiza la información difundida apenas un día antes por el Gobierno provincial, que al 2 de septiembre contabilizaba $1.230 millones refinanciados y 305 familias alcanzadas.

La herramienta contempla una tasa fija del 25%, un período de gracia y un plazo de hasta 72 cuotas para la cancelación de las obligaciones.

Del decreto que eliminó los códigos a una nueva regulación

El programa forma parte de una política que comenzó a principios de agosto, cuando el gobernador Ignacio Torres dispuso mediante el Decreto 1185/2026 la baja de las autorizaciones y códigos de descuento que permitían a mutuales, cooperativas, federaciones y entidades análogas efectuar retenciones directamente sobre los haberes de empleados de la Administración Pública provincial.

La norma derogó los decretos que habilitaban esas retenciones y exceptuó los descuentos vinculados al Banco del Chubut, SEROS y el Instituto Provincial de la Vivienda.

Desde el Ejecutivo provincial se fundamentó la decisión en la protección del salario de los trabajadores y en la existencia de situaciones de fuerte sobreendeudamiento. Torres afirmó que se habían detectado préstamos con tasas efectivas anuales superiores al 340% y casos en los que los descuentos comprometían una porción muy elevada de los ingresos.

La eliminación de los códigos no significó la cancelación de las deudas. Los trabajadores debieron solicitar a las entidades la certificación de sus obligaciones y pudieron trasladarlas al esquema de refinanciación ofrecido por el Banco del Chubut.

Un nuevo proyecto busca limitar los descuentos al 25%

El Ejecutivo provincial avanzó ahora con un segundo paso: un proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento, enviado a la Legislatura, que busca establecer reglas permanentes para el crédito y los descuentos sobre los salarios.

Según explicó Arbeletche, el proyecto prevé que los créditos otorgados mediante mecanismos de descuento por mutuales y cooperativas tengan una tasa máxima vinculada a la que cobre el Banco del Chubut para préstamos personales, con un margen adicional de hasta cinco puntos porcentuales.

También establece que el conjunto de descuentos alcanzados por el régimen no podrá superar el 25% de la remuneración bruta del trabajador.

La propuesta apunta a evitar situaciones en las que sucesivos préstamos y retenciones terminen absorbiendo una parte sustancial del salario y obliguen al trabajador a recurrir a nuevas deudas para afrontar sus gastos corrientes.

El esquema provincial se acerca, en este punto, a una tendencia regulatoria más amplia. A nivel nacional, el Decreto 352/2026 estableció para los empleados de la Administración Pública Nacional un límite del 30% para las deducciones vinculadas a préstamos, consumos y cuotas sociales.

El Programa de Alivio Financiero se amplía

La Provincia también anunció la ampliación del Programa de Alivio Financiero para incorporar deudas en mora de tarjetas de crédito emitidas por el Banco del Chubut.

En este caso, las obligaciones podrán refinanciarse bajo condiciones similares a las previstas para las deudas con mutuales y cooperativas: tasa fija inicial, período de gracia y plazos extendidos.

El proyecto enviado a la Legislatura incluye además un programa para personas con deudas en mora por tarjetas de crédito o préstamos personales cuyos ingresos familiares sean inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Las entidades financieras que adhieran podrían acceder a una reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos correspondiente a los créditos otorgados dentro del programa.

El planteo de las mutuales: diferenciar crédito abusivo de servicios mutuales

La decisión del Gobierno provincial generó, sin embargo, cuestionamientos dentro del movimiento mutualista.

La Federación de Asociaciones Mutuales del Chubut (FAMUCH) solicitó una audiencia con el gobernador Torres y manifestó que comparte la necesidad de combatir prácticas abusivas, pero pidió diferenciar a las entidades exclusivamente financieras de las mutuales que prestan servicios sociales a sus asociados.

Según informó la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), FAMUCH advirtió que la eliminación generalizada de los códigos podría afectar a más de 20.000 asociados y poner en riesgo más de 100 puestos de trabajo.

Una situación especialmente sensible es la de la Asociación Mutual de Empleados Públicos del Chubut (AMEP), entidad con más de seis décadas de trayectoria.

Su presidenta, Alicia Fernández, sostuvo que la eliminación del código afecta no sólo los créditos, sino también la cobranza de servicios de salud, turismo, proveeduría, pasajes, alojamientos y otras prestaciones mutuales. La entidad advirtió que la medida compromete seriamente su continuidad.

El planteo introduce una distinción relevante: mientras el Gobierno pone el foco en los abusos financieros y el sobreendeudamiento, las entidades mutuales reclaman que la regulación diferencie entre operatorias crediticias de alto costo y servicios sociales sostenidos mediante descuentos voluntarios de los asociados.

El debate de fondo

El caso de Chubut vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede a la provincia: cómo proteger el salario frente al sobreendeudamiento sin afectar herramientas históricas de financiamiento y prestación de servicios de la economía social.

El desafío regulatorio parece desplazarse ahora desde la eliminación generalizada de los códigos hacia la construcción de un nuevo esquema con límites de afectación salarial, topes de tasas y mayores controles.

La discusión legislativa será clave para saber si el sistema futuro permitirá compatibilizar ambas necesidades: proteger a los trabajadores de prácticas crediticias abusivas y, al mismo tiempo, preservar la capacidad operativa de mutuales y cooperativas que utilizan los descuentos por planilla para financiar prestaciones legítimas a sus asociados.

Fuentes

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