La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio sanción definitiva, el martes 20 de octubre, a una ley que declara por tres años la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas por sus trabajadores. La medida busca dar continuidad a un régimen de protección destinado a preservar la actividad productiva y los puestos de trabajo de cooperativas surgidas tras el cierre, la quiebra o el abandono de empresas.
La iniciativa, presentada por la senadora Malena Galmarini y que había recibido media sanción del Senado el 6 de octubre, fue aprobada cuando se aproximaba el vencimiento del régimen anterior, establecido por la Ley 15.485 de 2024 y extendido por un año mediante el Decreto 2475/2025.
La decisión legislativa adquiere especial relevancia a la luz del primer Censo de Empresas y Fábricas Recuperadas de la provincia de Buenos Aires, elaborado por el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC). El estudio identificó situaciones judiciales y patrimoniales que siguen condicionando el funcionamiento de numerosas cooperativas y permiten dimensionar la importancia de contar con un marco de protección.
Qué protección establece la emergencia
De acuerdo con la comunicación oficial de la Cámara de Diputados, la nueva legislación declara la emergencia por tres años y mantiene la suspensión de desalojos y cortes de servicios públicos durante ese período.
El régimen precedente, previsto en la Ley 15.485, estableció dos herramientas centrales para las empresas recuperadas comprendidas en su alcance.
La primera es la suspensión de las acciones judiciales, trámites y diligencias destinados a ordenar o ejecutar el desalojo de los establecimientos. Se trata de una protección especialmente significativa para cooperativas que desarrollan su actividad en inmuebles de antiguas empresas cuyos procesos de quiebra, expropiación o transferencia de propiedad todavía no han concluido.
La segunda es la suspensión de cortes de determinados servicios públicos de jurisdicción provincial: distribución de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales. La ley de 2024 también obligó a los prestadores alcanzados a ofrecer facilidades para cancelar las deudas generadas durante la emergencia.
La protección no implica la condonación automática de esas deudas ni resuelve por sí misma los conflictos de propiedad. Su finalidad es evitar que las dificultades jurídicas o económicas provoquen la interrupción de actividades que los trabajadores lograron sostener mediante formas cooperativas de gestión.
Cuántas empresas recuperadas existen en Buenos Aires
Una de las cifras difundidas durante el tratamiento legislativo fue la existencia de 288 empresas recuperadas y cerca de 5.000 trabajadores en la provincia, una estimación atribuida al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER).
Sin embargo, el censo oficial del IPAC permite introducir una distinción importante: las 288 empresas representan un registro histórico de experiencias identificadas con esa denominación, y no necesariamente la cantidad de cooperativas actualmente en funcionamiento.
Tras revisar la situación de las matrículas registradas, el organismo identificó un universo de 188 empresas recuperadas cuya situación debía actualizarse. El relevamiento finalmente censó 130 cooperativas. De ellas, 124 informaron su cantidad de asociados, que sumó 4.155 personas.
La distribución territorial muestra una fuerte concentración en el conurbano bonaerense, aunque también existen numerosas experiencias en municipios del interior provincial.
La industria manufacturera constituye la actividad predominante: 97 cooperativas, equivalentes al 74,6% de las entidades censadas. También se registraron experiencias vinculadas con información y comunicaciones, comercio y otros servicios.
Estos resultados muestran que las empresas recuperadas constituyen un segmento de la economía cooperativa con una presencia significativa en la producción industrial y en el sostenimiento de fuentes de trabajo, particularmente en territorios de tradición fabril.
La propiedad de las fábricas, un problema todavía sin resolver
Uno de los hallazgos más significativos del censo provincial es la persistencia de situaciones de inseguridad jurídica sobre los inmuebles y medios de producción.
Entre las 130 cooperativas relevadas, el IPAC identificó 36 involucradas en procesos de quiebra o concurso de las empresas anteriores. De ese grupo, solamente ocho informaron que contaban con autorización judicial o del síndico para continuar funcionando en sus establecimientos.
Además, 19 cooperativas estaban vinculadas con procesos de expropiación inversa, iniciados para reclamar el pago de indemnizaciones o resolver el destino de bienes comprendidos en expropiaciones. En nueve casos existían sentencias firmes desfavorables para la Provincia y se habían abonado los montos indemnizatorios correspondientes; en otros diez, los juicios continuaban sin resolución definitiva.
El relevamiento también identificó 21 empresas recuperadas en situaciones especialmente apremiantes, relacionadas con procesos judiciales, desalojos, sucesiones o declaraciones de abandono. El propio informe aclara que estas situaciones pueden superponerse con otros conflictos registrados.
A esto se suma otro dato relevante: apenas 19 de las 130 cooperativas censadas informaron ser propietarias de los inmuebles utilizados para producir.
La información permite comprender por qué la suspensión temporal de los desalojos sigue teniendo importancia para el sector. Numerosas cooperativas consiguieron reorganizar la producción y conservar sus fuentes laborales, pero todavía no lograron consolidar una situación jurídica estable sobre los establecimientos en los que trabajan.
La nueva emergencia ofrece un período adicional de protección. El desafío de fondo será utilizar ese tiempo para avanzar en soluciones patrimoniales duraderas que reduzcan la dependencia de sucesivas prórrogas legislativas.
Producción, tecnología y financiamiento: los desafíos que siguen
Los problemas de tenencia de los inmuebles no son los únicos obstáculos identificados por el IPAC.
El censo señala que el 84% de las empresas recuperadas relevadas manifestó la necesidad de incorporar o renovar maquinaria, mientras que el 66% informó que produce o comercializa al menos parte de su actividad bajo una marca propia.
La combinación de ambos datos resulta significativa. Por un lado, revela necesidades de inversión y modernización tecnológica. Por otro, muestra la existencia de capacidades productivas y comerciales propias que pueden fortalecerse mediante políticas de financiamiento, asistencia técnica, integración cooperativa y acceso a mercados.
Entre las propuestas recogidas durante el relevamiento aparecen la creación de herramientas de garantía para acceder al crédito, la incorporación de equipamiento mediante leasing, el fortalecimiento de la comercialización y la posibilidad de ampliar la participación de las cooperativas como proveedoras del Estado provincial.
Estas demandas permiten ampliar la discusión más allá de la emergencia. La suspensión de desalojos y cortes de servicios constituye un instrumento de protección, pero la consolidación de las empresas recuperadas también depende de su capacidad de invertir, mejorar su productividad, ampliar las ventas y resolver los conflictos legales que afectan a sus medios de producción.
En ese sentido, la sanción de la nueva ley abre una etapa de tres años en la que el desafío no será solamente preservar las experiencias existentes, sino generar condiciones para que puedan desarrollarse con mayor estabilidad jurídica, económica y productiva.
FUENTES
- Cámara de Diputados bonaerense, sesión del 20/10/2026: Comunicado oficial
- Senado bonaerense, expediente E-473/26-27: Expediente legislativo
- Provincia de Buenos Aires, Ley 15.485 (2024)
- Provincia de Buenos Aires, Decreto 2475/2025
- IPAC, Censo de Empresas y Fábricas Recuperadas de la Provincia de Buenos Aires (2024-2025)
