El hecho ocurrió el 14 de marzo de 2025, cuando la empleada administrativa de una mutual venadense, mientras operaba en la banca digital del banco, fue víctima de un ciberataque. A través de una ventana emergente que solicitaba renovar una certificación, los delincuentes lograron acceder a las credenciales necesarias para realizar una transferencia inmediata de $29.000.000.
La suma fue transferida a una cuenta del Banco Comafi, a nombre de un consorcio con sede en la localidad bonaerense de San Isidro. El episodio fue denunciado finalmente en la Comisaría Segunda de Venado Tuerto.
Florencia E., la empleada afectada, relató que al intentar operar en el sistema, la computadora quedó bloqueada tras aceptar la ventana emergente. Luego, el sistema solicitó coordenadas de seguridad, las cuales fueron proporcionadas por el presidente de la mutual.
A partir de ese momento, no pudo volver a usar el teclado ni el mouse. Minutos más tarde, otra empleada notó la transferencia sospechosa.
En un primer momento la causa recayó en Mayra Vuletic, y luego pasó a manos de Damián Casullo, a cargo de investigar hechos de Ciberdelitos y estafas en el Ministerio Público de la Acusación. Y tras una serie de diligencias, se logró rastrear la operación.
Se solicitó al Banco Comafi la información correspondiente a la cuenta receptora, y se confirmó que había recibido exactamente $29 millones como “transferencia inmediata recibida”.
El 25 de marzo, el Banco Comafi confirmó que la cuenta había sido bloqueada preventivamente tras un aviso del Banco Credicoop, que alertó sobre un posible fraude.
Con estos elementos, los fiscales solicitaron al Tribunal de la Investigación Penal Preparatoria que se aplicara una medida cautelar para revertir la transferencia. El juez aceptó el pedido, amparado en el Código Procesal Penal de Santa Fe, el cual permite actuar para evitar daños irreparables a las víctimas.
La Justicia ordenó al Banco Comafi que transfiera nuevamente los $29 millones a la cuenta original del Banco Credicoop perteneciente a la Mutual Argentina de Seguridad, dando por satisfechos los requisitos de legalidad y proporcionalidad.
Fuente: ellitoral
