San Luis ya volcó $112 millones del Fondo de la Ley 23.427 a cooperativas y abre una nueva etapa

La Provincia utiliza recursos originados en la contribución especial que pagan las propias cooperativas para financiar inversiones del sector. Ya concretó 28 financiamientos de hasta $4 millones y avanza con otra etapa. El ministro Gustavo Bertolini afirmó que durante años esos fondos ingresaban a rentas generales y “se diluían”.

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Redacción Economía Solidaria
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Economía Solidaria es un medio especializado en cooperativismo y mutualismo, propiedad del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM).

San Luis avanza con una nueva etapa del programa Promoción y Desarrollo de Cooperativas, que permite financiar proyectos de inversión mediante aportes no reintegrables de hasta $4 millones, sujetos a rendición de cuentas.

Pero detrás de la convocatoria aparece una cuestión más relevante que el monto individual de cada aporte: los recursos utilizados por la Provincia tienen su origen en el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa de la Ley Nacional 23.427, alimentado, entre otras fuentes, por una contribución especial que pagan las propias cooperativas.

Hasta septiembre, el Gobierno provincial había concretado 28 financiamientos por un total de $112 millones. Los fondos fueron destinados a inversiones productivas, infraestructura, tecnología y servicios de cooperativas de distintos sectores.

Un fondo que nace en el propio cooperativismo

La Ley 23.427 creó en 1986 el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa con objetivos específicos: impulsar la educación cooperativa y promover la creación y el desarrollo de cooperativas en actividades productivas, industriales, comerciales, de servicios, vivienda, trabajo y consumo.

Una de sus principales fuentes de financiamiento es una contribución especial que grava el capital de las cooperativas. La legislación establece además un sistema de distribución de parte de esos recursos entre la Nación y las provincias.

El artículo 24 de la misma ley invita expresamente a las provincias a dictar normas para que los recursos que reciben sean utilizados con las mismas finalidades de educación y promoción cooperativa establecidas por la norma nacional.

Esto no debe confundirse con el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas previsto por la Ley 20.337: ese es un fondo propio de cada cooperativa, al que deben destinar anualmente el 5% de sus excedentes repartibles y que las entidades deben invertir en educación y capacitación.

San Luis dispuso una afectación específica

Cuando creó en 2025 el programa Promoción y Desarrollo de Cooperativas, el Gobierno puntano instrumentó un mecanismo específico para financiar directamente proyectos presentados por las entidades y aprobados por la Dirección de Cooperativas y Mutuales.

El esquema prevé aportes no reintegrables de hasta $4 millones por proyecto. Para acceder, las entidades deben encontrarse regulares ante el órgano local competente, presentar un proyecto de inversión relacionado con su objeto social, cumplir las instancias de capacitación y posteriormente rendir documentalmente la utilización del dinero.

El dato adquiere otra dimensión por una declaración realizada en mayo por el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini. Al explicar el origen de los recursos, sostuvo que provienen del cooperativismo y tienen un destino específico en educación y promoción cooperativa.

Según el funcionario, durante muchos años ese dinero “ingresaba a rentas generales y esto se diluía”, mientras que la decisión actual es aplicarlo nuevamente al desarrollo del sector.

De la contribución a maquinaria, tecnología e infraestructura

Los recursos ya ejecutados permiten observar qué significa concretamente esa decisión.

En septiembre, nueve cooperativas recibieron $4 millones cada una. Entre los destinos aprobados figuraron una batea para fundir cera para una cooperativa apícola; equipamiento para ampliar una red de fibra óptica; un molino triturador de plástico; un servidor para el sistema de facturación de una cooperativa de agua; cañerías para mejorar el servicio de agua potable; computadoras destinadas a edición audiovisual y mejoras de infraestructura en una cooperativa eléctrica.

En etapas anteriores también se financiaron proyectos de producción avícola, elaboración de cerveza artesanal, capacitación y equipamiento tecnológico. Los decretos provinciales confirman que cada aporte se otorga contra un proyecto determinado y con obligación de rendir la inversión.

Por eso, los $112 millones acumulados no constituyen una partida general de asistencia, sino 28 financiamientos vinculados con proyectos específicos.

Un mecanismo que permite financiar más de una etapa

Otro aspecto relevante es que el programa no necesariamente termina con un primer aporte.

En la última entrega, la Cooperativa de Trabajo Habitar Contenidos Plurales informó que era la segunda oportunidad en la que recibía financiamiento: después de invertir el primer aporte en equipamiento de sonido, destinó el segundo a renovar computadoras para edición y posproducción.

La nueva etapa prevé mantener como condiciones la regularidad institucional, el cumplimiento de las rendiciones, la capacitación obligatoria, la presentación del proyecto y su evaluación técnica.

De esa manera, el esquema comienza a funcionar más como un mecanismo periódico de inversión cooperativa que como una entrega aislada de subsidios.

Una discusión que excede a San Luis

El caso puntano deja planteada una cuestión de alcance nacional.

La Ley 23.427 distribuye recursos generados por la contribución especial entre Nación y provincias, pero su artículo 24 invita a las jurisdicciones a establecer mecanismos para aplicar lo recibido a educación y promoción cooperativa.

Por eso, conocer qué ocurre después de que esos recursos llegan a cada provincia resulta central para evaluar si efectivamente regresan al movimiento que contribuye a generarlos.

En San Luis existe ahora un mecanismo identificable: el dinero se incorpora a un programa específico, las cooperativas presentan proyectos, se dictan los actos administrativos correspondientes, se ejecutan los aportes y las entidades deben rendir su utilización.

El monto acumulado permite medir una primera escala: $112 millones canalizados mediante 28 financiamientos, con nuevas etapas previstas.

La experiencia abre además una pregunta que Economía Solidaria deberá abordar a nivel federal: ¿qué hacen las demás provincias con los recursos que reciben de la Ley 23.427 y cuánto de ese dinero termina efectivamente financiando educación, promoción y desarrollo cooperativo?

Fuentes:
Agencia de Noticias San Luis – 4/09/2026: Nueve cooperativas recibieron decretos para el financiamiento de proyectos
Agencia de Noticias San Luis – 13/05/2026: Más cooperativas provinciales fortalecerán sus tareas con financiamiento del Estado
Ley 23.427 – Texto actualizado
Ley 20.337 – Texto actualizado
Boletín Oficial de San Luis – decretos del programa

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